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Recursos naturales | Empresas, una asociación y una persona física 16 entidades pagan US$512.922 para proteger agua y bosques Ana Cristina Camacho Sandoval Recursos captados permiten financiar el pago por servicios ambientales Quince entidades privadas y una persona física se comprometieron a proteger los bosques y recursos hídricos adquiriendo certificados de servicios ambientales por US$512.922, suma acumulada desde el 2003 a la fecha. Los certificados de servicios ambientales (CSA) son instrumentos financieros creados por el Estado costarricense para captar recursos privados y así apoyar programas para la protección de acuíferos, nacientes, cuencas y bosques, entre ellos el Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este grupo de entidades adquirió de manera simbólica un total de 1.798,76 hectáreas. El precio por hectárea antes era de US$285 pero ahora aumentó a US$375 con el fin de asegurar el financiamiento de los proyectos a cinco años plazo. Esa es el área que ha logrado ser regenerada vía certificados. Otras 19.500 hectáreas adicionales de bosque fueron regeneradas por medio de convenios voluntarios en los cuales el sector privado hizo aportes por US$6,3 millones. Con los certificados el empresario no recibe retribución económica alguna pero sí puede utilizar la imagen de los CSA en el mercadeo de su empresa (a través del logo que se les da). Además, la inversión es deducible de la renta bruta como un gasto (véase recuadro: “Ejército verde”). Por Osa y Talamanca La primera emisión de certificados fue en el 2003, bajo el programa Emisión Guanacaste. zona de importancia por acueductos rurales y zonas de recarga acuífera. Durante el 2006 se desarrollaron dos nuevas emisiones: Emisión Osa y Emisión Territorios Indígenas de Talamanca, explicó Alberto García, funcionario del área de Gestión de Recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). El año pasado la emisión alcanzó los US$149.000 gracias a nuevos convenios y en lo que va de este año se han logrado formalizar seis acuerdos más con un aporte de US$195.934 adicionales. Esta entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) es la encargada de identificar y supervisar los pagos que el Estado hace a dueños de fincas por proteger los recursos forestales e hídricos. Cambios al manual Para el PSA, el Fonafifo tiene varias fuentes de financiamiento entre ellas los certificados, una parte del impuesto selectivo a los combustibles y a partir del 31 de agosto del 50% de los fondos que capte del canon de aprovechamiento de agua, instrumento que empezará a ser cobrado este mes. Este año el presupuesto asignado al programa de servicios ambientales asciende a ¢7.600 millones (veáse recuadro: “Pagos...”). Con el fin de uniformar los criterios utilizados por el Fonafifo para el pago correspondiente a los dueños de fincas sometidas al PSA, hace 22 días empezaron a regir varios cambios al manual de procedimientos. Tales modificaciones se dieron en el marco de una resolución administrativa, aseguró Óscar Fonseca, coordinador del programa de PSA. Una de las variaciones permite la compensación económica a finqueros que han promovido el restablecimiento natural de cobertura forestal en áreas que no eran bosques. Antes esto era imposible si solo se pagaba por bosques reforestados de manera planeada. Otra modificación obliga a los regentes forestales contratados por el propietario a que acompañen a sus homólogos de Fonafifo a las visitas de campo con el fin de unificar criterios. Una tercer reforma busca que para la modalidad de sistemas agroforestales los contratos de regencia se actualicen de modo que si una finca definió un número determinado de árboles por plantar y para optar por el pago, no varíe la cifra al final porque esto produce trastornos presupuestarios (veáse recuadro: “Pagos ramificados”). Las variaciones al manual contemplan además el requisito de uniformar los datos que debe incluir el rótulo de las fincas sujetas al PSA. Estas deben ir identificadas con nombre del beneficiario, modalidad de pago y área sometida al contrato, detalló Fonseca.
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