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Autoridades salvadoreñas viajaron Europa para defender SGP Plus
31 Agosto 2006, 02:40 PM


Coralia Cuellar Lemus
Corresponsal en Honduras

Autoridades laborales de El Salvador viajaron hoy jueves 31 de agosto a Ginebra, Suiza, para tratar de convencer a la Unión Europea (UE) de que el país merece seguir gozando de los privilegios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus).

La misión la encabeza el ministro de Trabajo, José Roberto Espinal, quien además está acompañado por técnicos y abogados del sector.

El Salvador era el único país del istmo que no había ratificado dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), paso indispensable para que la UE permita a diferentes productos nacionales ingresar a su territorio sin pagar aranceles, mediante el SGP Plus.

Sin embargo, la semana pasada los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, entre otros, los convenios 87 y 98 de la OIT y el presidente de la República, Elías Antonio Saca, las ratificó el martes 22 de agosto.

Presión empresarial

La primera válvula de escape se abrió con el anuncio de que la empresa atunera de capital español Grupo Calvo se retiraría del país, pues la exportación de sus lomos de atún enlatados iba a pagar hasta 15% de arancel, cuando en al actualidad están libres de impuestos, como informó El Financiero en junio anterior (véase www.capitalfinanciero.com).

En el 2005 la UE había prorrogado por un año el beneficio para que las autoridades salvadoreñas presentaran la ratificación antes del 10 de setiembre de 2006, con el objetivo de que una comisión la analice (durante un mes) y decida si la nación centroamericana puede gozar de los privilegios arancelarios.

Derechos laborales

Los convenios fueron ratificados por el mandatario Saca en cuatro decretos: el 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación; y el 98, sobre la aplicación de principios del derecho de sindicación y negociación colectiva.

El tercero es el 135 y se refiere a la protección y a las facilidades que deben otorgarse a representantes de trabajadores en las empresas, y por último, la ratificación del convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo de la administración pública.

Además de aprobar los convenios mencionados, los diputados aprobaron una reforma al artículo 47 de la Constitución Política, para impedir la sindicalización en salud, seguridad pública, fuerza armada, funcionarios con poder decisorio y personas que hacen trabajo altamente confidencial.


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