OPINIÓN

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El servicio al costo: una falacia muy bien encubierta

Son famosas las cuentas que don Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, presentó al emperador Carlos, primero de España y quinto de Alemania.

La pugna entre España y Francia por la península italiana en la primera mitad del siglo XVI obligó a mantener en ella un ejército numeroso que, bien dirigido por el Gran Capitán, acabó conquistando la mayor parte de lo que hoy es Italia tras sucesivas y sonadas victorias.

Llamado a cuentas por el emperador -de seguro espoleado por sus banqueros ante la dudosa rentabilidad de la empresa-, nuestro personaje se sintió herido en su honor y compuso una singular rendición de cuentas en la que se incluían reparaciones de campanas, que se gastaban de tanto doblar por las victorias del ejército de su majestad, y pagos a conventos por sus oraciones al cielo, ganando su favor para la exitosa campaña militar del cordobés.

La consideración de la razón costo-beneficio ha estado siempre en la raíz de cualquier inversión, incluidas las iniciativas militares.

Con mucha más razón encuentra aplicación en el mundo de los negocios y en cualquier intercambio comercial: cuánto cuesta lo que pretendo lograr y cuánto vale lo que como contraprestación voy a recibir.

La legislación de Costa Rica recoge en diferentes lugares el llamado principio del servicio al costo para referirse a la prestación de servicios por parte de instituciones públicas cuyas tarifas deben atenerse estrictamente al costo más una difusa utilidad razonable.

¿Ventajosos?

Con no poca frecuencia se esgrime que esos servicios prestados por instituciones públicas son más ventajosos para el ciudadano y para el país que si fueran prestados por la empresa privada, quien buscaría con ello lucrar. El servicio al costo, pensaron y aún piensan algunos de nuestros legisladores y muchos de los que aplican y se benefician de esa medida, propicia precios más bajos y manifiesta solidaridad social.

Sin embargo, un análisis más detallado revela las enormes debilidades que esconde el principio. Bajo el velo de la falacia, el servicio al costo oculta a muchos que las ineficiencias, los errores, las negligencias, los abusos, los privilegios y canonjías, se prestan a ser trasladadas a los costos.

Es decir, que el costo, sin dejar de ser costo, puede ser lo artificialmente alto que se desee. Así, inversiones fallidas u omisas, capacidades de gestión deficientes, complicidades, mediocridades y hasta intereses oscuros o simplemente turbios y otras especies variantes de lo mismo pueden anidar amparadas tras ese velo protector y encubridor.

Decisiones como comprar cara una materia prima o alquilar cara una instalación, desechando alternativas más adecuadas en precio y otras condiciones, serían inaceptables bajo condiciones de precios de mercados competitivos o referidos a mercados competitivos (bajo benchmarks) pero, apelando al principio de servicio al costo, pasarán a ser incorporadas en el costo que todo lo cubre y trasladadas a tarifas.

Y sólo hay que asomarse a la solicitud de aumento de tarifas presentada por el ICE recientemente para encontrarse, una vez más, el ejemplo del abuso del principio, ante la incomprensible pasividad de la Autoridad Reguladora.

Paga el consumidor

Energía nacional barata, renovable y disponible en el verano (a US$0,048 el kwh), es desechada por ambas instituciones a las que no perturba el que sea adquirida a un precio seis veces mayor (a US$0,28 el kwh), consumiendo combustibles fósiles importados. Pero, eso sí, prevalecerá el elástico principio del servicio al costo, desgraciadamente a costa del consumidor y del desarrollo del país.

Sin duda, el principio del servicio al costo, si no va acompañado por la obligación de una contabilización analítica de costos asignables - incluidos los costos de la innovación - así como por una política clara para su aplicación práctica y por una rendición de cuentas efectiva, degenerará con facilidad y conducirá a la falta de transparencia y con bastante probabilidad al perjuicio del ciudadano y del país.

Y esa probabilidad aumenta, además, cuando no existe una norma o instrumento claro para su aplicación sistemática y predecible, cuando los servicios son múltiples y complejos, compartiendo elementos de la prestación, o cuando una misma institución ofrece servicios públicos diferentes bajo una estructura común.

Alguien argumentará, con la mejor intención, que una interpretación amplia del principio del servicio al costo puede ayudar a aplicar la subsidiariedad, es decir, el que unos servicios más rentables subsidien a otros que lo son menos, especialmente a favor de los menos aventajados.

Sin embargo, esa subsidiariedad, para no conculcar el principio de servicio al costo, debería ser sometida - y hay muchas razones y lecciones aprendidas para sustentarlo - a la prioritaria necesidad de transparencia. Cualquier subsidio, por equitativo y adecuado que fuere, debe ser sometido a políticas consensuadas y a mecanismos de transparencia y predecibilidad, a riesgo de caer en lo más oscuro de las componendas si se deja suelto ese cabo.

"Pequeñeces"

Las cuentas del Gran Capitán admitían todo tipo de cargas - para desesperación de los auditores del emperador-; sin embargo, su servicio - aseguraba el ofendido militar - era al puro costo. "¿A mí con esas pequeñeces, cuándo he regalado un reino a la corona?" Cuestión de criterios de evaluación o de óptica política. Otro gallo hubiera cantado - afirma algún historiador con sentido fino del humor - si el emperador hubiese encargado las operaciones a dos ejércitos diferentes bien estimulados, compitiendo por ganar Italia al menor costo o en el menor tiempo.

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